Ref: Acuerdos de San Andrés; Luis Hernández Navarro y Ramón Vera Herrera, comps.; ERA, México, D.F., 1998.

Somos más que todos juntos*

por Ramón Vera Herrera.

LA SUSPENSIÓN DEL DIÁLOGO DE PAZ

El 29 de agosto de 1996 el EZLN se retiró de la mesa del Diálogo de San Andrés. Su comunicado, hecho público el 3 de septiembre a todos los medios de comunicación, dejaba claro que no rompía con la negociación pero sí demandaba condiciones mínimas para proseguirla. Sus demandas eran la liberación de todos los presuntos zapatistas presos y de las bases zapatistas detenidos en el norte de Chiapas. Un interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política de negociación y respeto a la delegación del EZLN; instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés para la Mesa Uno: Derechos y Cultura Indígenas; propuestas serias y concretas de acuerdos para la Mesa Dos: Democracia y Justicia, y compromiso de lograr acuerdos; fin al clima de persecución y hostigamiento militar y policiaco en contra de los indígenas chiapanecos y desaparecidos por las guardias blancas (o una ley que las reconozca institucionalmente y las uniforme para que no operen impunemente).

Esta suspensión tendría repercusiones sobre los acontecimientos que conformaron lo que hoy es el Congreso Nacional Indígena como crecimiento natural del Foro Nacional Indígena Permanente. Creó la necesidad de apurar salidas mediante un Diálogo por la Paz impulsado por la sociedad civil y alternativas de negociación por la vía de la Comisión de Concordia y Pacificación. Demostraría también que el gobierno federal no puede más, y que es incapaz de gobernar enfrascado, como está, en una lucha intestina por posiciones que han balcanizado el sistema político nacional y el aparato gubernamental, y han convertido sus acciones y declaraciones en argumento de fotonovela.

LOS ENTREVEROS

A principios de septiembre de 1996 el Foro Nacional Indígena Permanente no tenía resuelta ni su permanencia ni su carácter nacional. Sus alcances se reconformaban y adecuaban a condiciones de credibilidad y pertinencia nada claras para muchos actores, pese al papel destacado que los delegados indígenas tuvieron en el Foro por la Reforma del Estado celebrado en julio de 96 en San Cristóbal de Las Casas. Parte del diagnóstico que hacían sus integrantes era que había que equilibrar su fuerza visible nacional "más o menos unificada" con el movimiento realmente existente de las organizaciones regionales con sus problemas. Era necesaria --decían-- una presencia nacional como "movimiento indio" que impulsara y protegiera las articulaciones minuciosas. Se veía como indispensable construir un equilibrio entre la lógica local y regional de las demandas y problemas de los pueblos indios a partir de una estrategia de largo plazo como la planteada por el FNIP, pero sin perder visibilidad nacional cuando ésta se tornara urgente.

En la práctica, el movimiento indígena atravesaba un proceso de digestión y se pensaba que podría reconformarse después de pasar por una crisis de identidad.

La antigua dirigencia indígena, con trabajo de muchos años pero también, algunos, llenos de los vicios comunes de los usos y costumbres del poder, resentían la conformación de una nueva representación que ni pedía nada para sí y que orillaba a decisiones más colectivas y más ancladas al mandato de las comunidades. Por su conformación lógica, los delegados del FNIP valoraban que lo peor que les podía pasar era convertirse en ese "indio profesional" que el poder recreaba y utilizaba. Lo cierto es que por los modos nuevos de ejercer la política sin buscar el poder el escenario era otro. Ya no era cuestión de discursos ni de banderas atractivas que a veces creaban ilusoriamente una representación inexistente en la práctica. Ni siquiera dependerían de las ligas con los partidos políticos que ahora muchos veían como una carga y no como un apoyo o un piso de relaciones. Es decir, para el FNIP no era cuestión de apariencia sino de construcción real, por eso su énfasis reiterado en tejer una red de relaciones y comunicación.

Los críticos del FNIP (por ejemplo algunos dirigentes de la Asamblea Plural por la Autonomía-ANIPA) decían en cambio que para recomponer el movimiento indígena tenían que resolverse las diferencias que los propios Acuerdos de San Andrés pusieran a debate. Pensaban que los Acuerdos de San Andrés habían sido muy tibios. Que no correspondían a lo que los indios demandaban. En su valoración asumieron esta postura crítica de los Acuerdos porque en el fondo le habían apostado demasiado a ver concretadas en papel sus precisiones y convertidas en ley sus demandas. Su postura parecía entender la ley como un fin, las reformas constitucionales como una puerta milagrosa a un nuevo escenario donde la autonomía resolvería todos los problemas, pese a que Héctor Díaz Polanco, uno de sus teóricos, les había insistido hasta el cansancio que la autonomía no era una panacea sino una herramienta.

Quizá el devenir de los acontecimientos resuelva esta falsa discusión. Hoy, como ya se ha dicho, los Acuerdos de San Andrés, en los términos que fueron firmados, son una excelente herramienta para oponer el poder del gobierno federal. La propuesta de reformas constitucionales (el documento de Cocopa del 29 de noviembre de 1996) que emanó de estos acuerdos es una bandera de lucha y no un fin en sí misma; parte de la construcción de un sujeto social antes desarticulado, arrinconado, disperso.

Existe otro elemento de crítica que no puede soslayarse. Pese a la insistencia de que al Foro no se pertenece porque es un espacio para todos, independiente e incluyente, algunos dirigentes insistieron siempre en que era claro que los zapatistas estaban detrás y querían montarse en el trabajo de las demás organizaciones. Esta es una crítica sesgada. Si algo tiene la palabra zapatista es que ha sido coherente con su práctica. Se pasa por alto que el Comité Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN es en sí una amplísima representación de un sinnúmero de comunidades choles, tojolabales, tzeltales, tzotziles, zoques y mestizas que tienen derecho a considerarse parte de cualquier movimiento indio realmente existente y no un grupo guerrillero foquista que quiera sustituir al resto de la sociedad. Además, en el contexto de la negociación entre los zapatistas y el gobierno, el CCRI abrió un espacio de participación y le dio peso --con costo de vidas-- a la palabra del resto de eso que hoy llamamos movimiento indígena nacional. No negoció por ellos, los incluyó y respetó su palabra a la hora de las decisiones.

Por último, en el proceso del FNIP, la sola idea de haber logrado juntar a tantas organizaciones sin crear un aparato de poder muestra que si hubo una participación zapatista en el Foro Nacional Indígena, el papel que jugó fue el de espejo. La coherencia moral de la comandancia zapatista era un referente para no mentir, para no buscar el poder, para tomar en cuenta a todos, para reconsiderar las equivocaciones, para reencauzar el rumbo, para no sustituir ni imponerse.

Es cierto que este nuevo tejido invisible que se había construido en tan poco tiempo tenía --y tiene-- muchos huecos. Pero su racionalidad se apuntalaba en reivindicaciones concretas y en haber recuperado parte del conocimiento tradicional de las comunidades. Éstas preferían sus modos y sus tiempos, el respeto a sus preocupaciones más locales. Para este nuevo movimiento indio lo nacional --y las reformas constitucionales-- se tornaría necesario en tanto paraguas, en tanto fuerza común, no como una reivindicación en sí mismo. No es gratuito que esta nueva articulación de intereses y sentido en común empalmara con las preocupaciones e intereses de los zapatistas. En pocas palabras, el FNIP había creado su propia cultura y ahora la reivindicaba con fuerza en los huecos que el sistema descuidaba en su menosprecio y ceguera.

Otro problema grave era la expansiva militarización de las zonas indígenas del país. (Una muestra negativa del éxito del FNIP). Si en diciembre de 1995 era Chiapas la zona militarizada, para septiembre de 1996 la mayoría de las zonas indígenas del país estaban literalmente sitiadas. Desde enero le había quedado claro al gobierno que su papel clientelar con las organizaciones y comunidades indígenas estaba sepultado y que su propia consulta arrojaba resultados incluso más radicales que los del Foro de San Cristóbal. En múltiples regiones las organizaciones habían tomado la consulta en sus manos y en casi ningún caso se habían dejado manipular por los funcionarios que la instrumentaron. Después el gobierno habría de sesgar la interpretación de ésta, pero sin decirlo supo que las manifestaciones de ese malestar popular crecía, los indígenas se reunían cuanta vez podían, los cabildos se hacían populares y establecían autogobiernos municipales. Por si fuera poco muchas organizaciones radicalizaron su discurso y sobre todo su acción.

Dos días después de inaugurado el Foro para la Reforma del Estado convocado por el EZLN con auspicio de la Cocopa, hizo su primera aparición el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el mismo sitio donde el gobierno guerrerense de Rubén Figueroa masacrara un año antes a los militantes de una organización radical ante cámaras de video. Aguas Blancas tenía que cambiar de signo. Días más tarde el EPR aparecería en La Sierra Madre Oriental, en el Estado de México, en Oaxaca e incluso en zonas conurbadas aledañas al Distrito Federal. La guerra de contrainsurgencia desatada contra esta coalición de agrupaciones guerrilleras enrareció aún más el clima para una multitud de organizaciones pacíficas ya de por sí copadas por la escasez de alimentos y recursos económicos. El hostigamiento del ejército, la policía, los caciques, y sus pistoleros se hizo intolerable. Se recrudeció entonces la represión y las violaciones a garantías individuales y derechos humanos. Las desapariciones de militantes y la proliferación de listas que denunciaban dirigentes que habían estado luchando por la vía pacífica llenaron los titulares.

La contrainsurgencia y la militarización surten efectos contrarios a los que dicen combatir sobre todo porque reducen el espacio vital ya de por sí muy precario-- para el desarrollo de lo político en su sentido más lato. El gobierno le apostaba --y le sigue apostando-- a una guerra soterrada que desarticulara los espacios de gestión creados en estos últimos siete años. La lógica del gobierno y el ejército parecía decirles a las comunidades: o estás con la guerrilla o te golpeo. Y si estás, pues te golpeo con el peso de la ley. En una guerra así, las comunidades se vieron arrinconadas a decidir entre acciones guerrilleras no demasiado precisas en sus objetivos (por lo menos para la opinión pública) o la convocatoria amplia de un conjunto de organizaciones civiles que buscaron desarmar el aparato de la guerra. El FNIP le apostó a construir la paz. A orillar al gobierno a negociar, no para pactar componendas, sino para exigirle el cumplimiento de acuerdos sustantivos.

La paradoja que el gobierno y sus asesores militares expertos en contrainsurgencia no entienden es que ante las posibilidades de una guerra prolongada --que tendría efectos devastadores para toda una generación-- la diferencia de fondo que separaba a las organizaciones pacíficas en "dirigidas hacia lo nacional" o "tendientes a profundizar lo regional" pasó a segundo plano.

En esta nueva escalada de inquietud, que recrudeció el país en unos cuantos meses, y con un número no menor de quinientas organizaciones indígenas y campesinas que había hecho eco de la autoridad moral del EZLN, los delegados del FNIP tuvieron que enfatizar la diversidad en sus planteamientos para que la unidad del movimiento indígena prevaleciera por encima de las contradicciones. Más que antes el FNIP tuvo que funcionar efectivamente como compuerta de muchas aguas. Por otra parte, mientras el FNIP siguiera impulsando reuniones periódicas con presencia de delegados que no podían asistir por el cerco militar en las regiones, se corría el riesgo de desarticular lo ya logrado. Había que buscar nuevas alternativas, redoblar los canales de comunicación, impulsar una reunión en una plaza más comunicada a la que pudieran llegar, sin tantas penurias, los delegados. Ya en el Segundo Foro Nacional Indígena, la Comisión de Apoyo al FNIP declara en la clausura:

La vitalidad y energía del movimiento indígena ha tenido respuestas represivas que aquí se han denunciado. Se mantiene un cerco no sólo militar, sino informativo e ideológico que impide a muchos compañeros conocer de este espacio de reconocimiento mutuo que es suyo, o que, conociéndolo, no pueden aún participar en él, sea por la imposibilidad de venir, o por las represalias que esto significa.

Como señaló el Comandante David en sus palabras de bienvenida: "Sabemos que pronto nos encontraremos con todos los ausentes". Seguiremos rompiendo cerco tras cerco, para cruzar el puente que habremos de construir todas y todos, cuando hayamos aprendido a aceptarnos plenamente con el corazón por palabra.

Las organizaciones que sesionaban en el FNIP valoraron entonces que la idea de tejer en lo profundo y perfilarse como un espacio a largo plazo --agrupando desde sus comunidades y regiones a muchas organizaciones, ser una arena interna, un gran laboratorio para dirimir cuestiones-- no era suficiente. El FNIP debía establecer defensorías y elevar exigencias y demandas comunes, muy aparte de los espacios en que se movieran las organizaciones en sus respectivas regiones. Tres demandas se hicieron clave: alto a la militarización y a la guerra sucia, cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés e instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación de dichos acuerdos.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

Varias organizaciones cercanas al FNIP convocaron entonces una reunión urgente en la ciudad de México. Se discutió mucho la necesidad de dejar de lado las discrepancias. La propia Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, que habiendo participado en el FNIP reivindicaba tener un camino aparte, asistió a esta reunión y apoyó con fuerza sus resolutivos. El objetivo era cumplir con uno de los acuerdos tomados en San Cristóbal: preparar para octubre un gran encuentro de todas las organizaciones indígenas del país. Había que crear las condiciones para que todos los pueblos indios de México se sintieran convocados. Había que impulsar que los Acuerdos de San Andrés se convirtieran en una propuesta de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas. Y un último punto: romper el cerco impuesto en Chiapas al EZLN. Había que invitarlo entonces a la ciudad de México a la celebración del Congreso Nacional Indígena. La ola estallaba en la playa de una nueva plataforma política para los pueblos indios.

De inmediato se inició una primera temporada de debates en los que se consideraron tres aspectos igualmente controvertidos: el primero era la legalidad o no de que una delegación zapatista viajara por el país, saliendo de su cárcel chiapaneca.

El segundo era la necesidad de instaurar un espacio de diálogo nacional por la paz que garantizara los mínimos para restablecer la posibilidad de una negociación con los zapatistas, quienes habían suspendido --no roto-- el diálogo desde finales de agosto.

El tercero era una consideración sombría: cómo garantizar un camino de diálogo sin el cumplimiento de acuerdos. Si los resultados de la primera mesa del Diálogo de San Andrés seguían sin traducirse a reformas constitucionales. Cómo desarticular los impulsos guerreristas del gobierno. Cómo mostrarle al EPR --respetuosamente-- que su estrategia de guerra revolucionaria no resolvía las demandas que asoman tras el clima de represión que sufrían. Cómo demostrarle a esta coalición guerrillera que la sociedad civil, rural y urbana no quería la guerra. ¿Se demostrará algún día que el camino de la paz (con justicia y dignidad) puede ser más radical que las armas? El doctor Pablo González Casanova lo puso de esta manera:

Reconocer a la diálectica con diálogo como la forma que hoy presenta el movimiento histórico mundial supone proponerse algunas experiencias de transformación de la realidad que construyan o aumenten los espacios de lucha política y desestructuren o disminuyan los de la lucha violenta, militar o paramilitar, represiva y defensiva. Para alcanzar acuerdos de transformación de la realidad con una cierta seguridad entre las partes contendientes, se requiere dar los primeros pasos. Construir utopías es más realista que creer en ellas; o que no creer.(1)

Para decirlo con la voz de un grupo de músicos mexicanos, Banda Elástica, tener fe no es creer, es crear.

Hacia finales de septiembre, la comisión de apoyo al Congreso Nacional Indígena había concretado varias reuniones preparatorias y el debate en torno a la salida de los zapatistas creció y creció en los medios escritos, radiales y televisivos. En este agitado contexto, hubo juristas que alertaban que la salida zapatista pondría fin al estado mexicano. Marco Antonio Bernal adviritió: "Ellos saben que la ley no lo permite, reiteradamente se los hemos manifestado y no existe ninguna posibilidad". Otras fuentes gubernamentales decididamente declaraban que se aplicaría la ley si los zapatistas intentaban salir, y que esta ley implicaba apresarlos si incurrían en lo que califican de provocación. La Cocopa era más cautelosa, pero los voceros en turno no dejaron de señalar que "no tenían conocmimiento de una solicitud de esta naturaleza", según declaró Luis H. Álvarez, del Partido Acción Nacional, el 25 de septiembre a todos los medios nacionales.

Lo cierto es que los zapatistas guardaron silencio hasta el último minuto. Es inquietante constatar que, sin moverse, se creó un revuelo en torno a su salida de la selva. Por desgracia este revuelo compitió mucho en los medios con la preparación del Congreso Nacional Indígena que se habría de celebrar del 8 al 12 de octubre en sesiones multitudinarias donde la sociedad civil se volcó como no lo hacía desde el terremoto de 1985. El racismo encubierto de los medios de comunicación mexicanos privilegió el intríngulis de una posible salida del subcomandante Marcos sobre la gestación de un movimiento tan amplio y propositivo como el CNI. Paradójicamente, este revuelo le dió al CNI un espacio informativo muy visible.

DOCE DÍAS

Desde que se emplazó a la sociedad civil a afrontar el reto de impulsar un Congreso Nacional Indígena, hubo en el ambiente político mexicano la sensación de que tal acontecimiento cimbraría los cercos impuestos desde el poder en muchísimos niveles. La apuesta era enorme y el programa de acción una especie de carambola de cinco bandas: invitación expresa a la comandancia zapatista para que viajara a la ciudad de México, insertar la salida y el Congreso en el contexto y la coyuntura del Diálogo Nacional por la Paz --espacio que crecía en convocatoria y diversidad--, defender los Acuerdos de San Andrés, la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación y poner un alto a la militarización del país.

El primer efecto tangible fue que la preparación del cóngreso recibió inmediata colaboración, apoyo, publicidad, logística, propuestas y trabajo concreto del Frente Zapatista de Liberación Nacional, agrupación civil con dinámica propia. Muy pronto la lógica del Congreso se extendía por innumerables comités, organizaciones y grupos populares y discusión del FZ; muchos de ellos de jóvenes preparatorianos y universitarios, participarían activamente en la organización del Congreso, en la logística de los actos paralelos, en la seguridad y en el cuidado de la gente en la marcha del 12 de octubre.

El segundo efecto concreto fue que grupos de personas que participaran en las mesas del Diálogo de San Andrés como asesores del EZLN colaboraron en esta estructura de apoyo de muchas maneras, desde conseguir fondos hasta organizar el registro de los participantes. Un nuevo tejido autogestivo se creó en menos de un mes para acompañar y celebrar un acontecimiento que rebasaba los récords establecidos por otros eventos semejantes y que convocaba desde los rincones a todo tipo de personas gozosas, gritonas, sonrientes. La lucha indigena cobraba aliados: revuelo general y desmadroso.

Las organizaciones convocantes y la propia comisión de apoyo se dieron cuenta muy pronto de que tal revuelo era medio imparable: "ya todo mundo sabe que nos rebasó a todos --sociedad civil, zapatistas, Conai, Cocopa, Gobernación, ejército y Presidencia--", era el comentario generalizado.

Entre las comisiones de asesores y la comisión de apoyo --llamados los del Congreso-- y los comités civiles del Frente Zapatista, más otras tantas comisiones de las organizaciones solidarias, cubrieron todas las tareas imaginables. En paralelo, más y más organizaciones se sumaban a la convocatoria, mostrando desde antes de la fecha que el Congreso iba a ser todo menos quieto. El dinero conseguido y el gran apoyo que se mostraba en varios espacios distendió el camino para que zapatistas, Cocopa y Conai pudieran siquiera dialogar el asunto de la salida en medio de un ambiente demasiado adverso en los círculos gubernamentales. Por diferentes canales se recibían mensajes de que el gobierno no toleraría una salida zapatista ni al Distrito Federal ni a lado alguno fuera de la Selva o los Altos toda vez que ni siquiera funcionaba el Diálogo de San Andrés en condiciones "normales". ¿Los zapatistas? callados. En realidad, como lo demostraron los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) no había impedimento legal alguno para que los zapatistas transitaran por todo el país si así les placía.

Otras organizaciones sociales también consolidaban apoyos: El Barzón, Convergencia, UPREZ, Asamblea de Barrios Patria Nueva y otras tantas organizaciones y partidos políticos también impulsaban la salida de los zapatistas. El texto siguiente --de la comisión de apoyo de CNI-- ilustra el tamaño de la apuesta:

Uno de los objetivos primordiales del Congreso Nacional Indígena que se celebrará en la ciudad de México entre el 8 y el 12 de octubre del presente año es hacer valer los Acuerdos firmados en febrero de 1996 entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el marco de la Mesa Uno: Derechos y Cultura Indígenas, perteneciente a los Diálogos de San Andrés Sacamch’en, Chiapas. Lo firmado, que abrió en su momento la posibilidad de una paz digna y justa, tiene no sólo peso y repercusiones locales sino nacionales. Son acuerdos cuyo corazón es la relación entre todos los mexicanos, que muestran la necesidad de considerar a todos los que somos, sin exclusiones. Por eso nuestra razón dice: nunca mas un México sin nosotros. Sólo así, en el respeto a la diversidad, con decisiones compartidas a todos los niveles, podremos declarar que hay democracia auténtica y no sólo pilas de estadísticas, o demagogia.

Hoy, a casi ocho meses de firmados, los resolutivos de San Andrés, inicio de un largo camino, se han convertido en la piedra de toque del futuro del país. Sin la instrumentación efectiva y respetuosa de lo firmado perdería toda credibilidad el diálogo nacional verdadero que todos los mexicanos y mexicanas estamos esperando, espacio nacional que comenzó con la propuesta zapatista de dialogar con la sociedad civil, de escuchar su palabra y respetarla obedeciendo su mandato.

Por desgracia, para que estos acuerdo sean efectivos, siguen haciendo falta que se instale de hecho la Comisión de Seguimiento y Verificación. Instancia que incluye a la comandancia zapatista y al gobierno, pero también a miembros de la sociedad civil. Esta Comisión es la única que podría, pluralmente, avalar la certeza de que los acuerdos firmados son puestos en práctica de la manera consensada y no un señuelo para burlar de nuevo las aspiraciones ciudadanas que se expresaron en este primer y vital espacio de diálogo nacional.

Es inadmisible aceptar el borrador de inciativa de ley que ha comenzado a circular como proyecto ya que, precisamente, no se toma en cuenta los documentos firmados en febrero en San Andrés.

Desde aquí queremos alertar a la opinión pública en torno a cualquier iniciativa de ley, venga de donde venga, sea del Ejecutivo, de algún partido u organización social, que pretenda pasar por encima, minimizar o no tomar en cuenta el espíritu fiel de los Diálogos de Paz de San Andrés, expresado en la Ley de Concordia y Pacificación que los rige, dichos acuerdos y su puesta en práctica únicamente pueden ser sancionados por la Comisión de Seguimiento y Verificación que no se ha instalado. Sin esta sanción, ninguna inciativa de ley tendrá validez ni legitimidad y será únicamente un acto unilateral, cuando lo que centralmente se demandó en San Andrés es abandonar las prácticas mediatizadoras, a escondidas y a contrapelo de la sociedad en general. La demanda central de dichos acuerdos es una relación transparente y horizontal que se expresa en el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, es decir, no ser juzgados con los criterios de nuestros opresores. Sin esta premisa fundamental, ningún diálogo será posible y los fantasmas de la guerra que muchos grupos invocan no tendrán freno.

Por eso desde muchos sectores se ha valorado como urgente que la comandancia zapatista viaje a la ciudad de México, asista a las sesiones del Congreso Nacional Indígena, pueda evaluar, junto con la Comisión de Seguimiento y Verificación de la que son parte, cualquier iniciativa de ley que se discuta en el Congreso de la Unión. Por eso es vital inciar un diálogo nacional, como lo ha planteado un grupo muy numeroso de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos la Conai. Por eso es urgente que las señales de paz y diálogo se multipliquen. Por eso es urgente que ninguna fuerza, partido o instancia federal pretenda olvidar o pasar por alto unos acuerdos que son de todos los mexicanos y mexicanas que nos pronunciamos y consensamos una idea: nunca más un México sin nosotros. (2)

Los programas de radio en los que se invitaba a los del Frente Zapatista o a comisiones de asesores, a representantes de las organizaciones solidarias y a miembros del Congreso Nacional Indígena (antes FNIP) a hablar, a discutir, a precisar, se diversificaban. Algunos comentaristas de la radio descubrían a sus indios. ¿Es así el lanzamiento de una estrella? Todos parecían querer mucho a los indios desde siempre. Luego llegaba la pregunta obligada: ¿de veras creen que podrán salir los zapatistas? ¿Vendrá el subcomandante? ¿Vendrán Tacho o David con él? La Conai, la Cocopa y los dirigentes de los partidos políticos no sabían ni qué cara poner a quienes les hablaban de la posibilidad de la salida y menos cómo reaccionar cuando se percataban de que la propuesta iba en serio. El Congreso Nacional Indígena puso sus cartas sobre la mesa: apostarle a lo más irrealizable, a lo más irracional: celebrar la paz que podría venir, la paz que podría ser digna, y no que no moleste la violencia o que no salpique la sangre. El argumento principal de este terrorismo pacifista --pues parece que es hoy la paz lo que aterroriza al poder-- fue:

Éste es el primer paso para un verdadero diálogo nacional; el Congreso Nacional Indígena es un primer paso en ese diálogo, el diálogo es cada vez más urgente porque los intentos guerreristas se imponen día a día en los espacios de poder y en las propias comunidades aisladas, cercadas por los militares que dejan una sola salida: la violencia. Desfonden nomás la posibilidad de un diálogo, quítenle peso a los Acuerdos de San Andrés y digan entonces quién le va a creer al camino o caminos pacíficos. Las propias comunidades que ahora suscriben la convocatoria a un congreso indígena por la paz se encontrarán solas, arrinconadas y sin argumentos contra los grupos violentos, sin elementos para oponer ni defenderse de la lógica de la militarización excepto la que el estado parece propiciar: sumarse a la guerrilla.

Ya para entonces fluían dos canales en paralelo: las organizaciones convocantes seguían tejiendo regionalmente y se habían celebrado por lo menos tres foros: uno en centro pacífico (Michoacán, Guerrero,. Jalisco, Nayarit, Querétaro), otro muy bueno en Oaxaca, donde se consensaron muchas de las propuestas que luego se habrían de volcar en el Congreso. Por otra parte, el secretario de Gobernación y el representante gubernamental en las mesas de negociación --Emilio Chuayffet y Marco Antonio Bernal-- parecían pertenecer a la comisión de propaganda del Congreso, pues a cada declaración crecía la expectativa. Notas, encabezados, ensayos y reportajes anticipaban las minucias del viaje o no viaje de la comandancia. "No los van a dejar salir ni de la Selva", decían unos. "Habrá cinturones de paz por todo el trayecto entre Las Margaritas y la ciudad de México. Se espera un gran cordón en Juchitán donde ya las organizaciones están listas." Se especulaba quiénes integrarían la comisión que los acompañaría, qué equipo especializado cuidaría a la comandancia, qué tipo de vehículos utilizarían. Algunos vaticinaban un atentado, un comando del EPR que los estaría esperando entre la multitud (pese a que el EPR siempre ha declarado respetar al EZLN). "Sería más bien un comando de élite de seguridad nacional", decían otros.

Sí, del Congreso se hablaba mucho, pero casi nunca en términos de su importancia o su despliegue; las explicaciones de asesores y dirigentes indígenas aburrían un tanto a los reporteros. Era el sustrato de la "venida" de los zapatistas a la capital lo que los cautivaba, lo que les hacía darse de codazos por la respuesta. Por supuesto eso levantó la avidez de algunos que decidieron ayudar para que Marcos estuviera en México --para de ahí encabezar un movimiento nacional ¿caudillista? La lógica, el subtexto no explicitado pero sí evidente, era: los zapatistas están buenos como símbolos y aquí vendemos estampitas, que es buen negocio.

Al momento del viaje de la delegación de la sociedad civil, el Frente y los asesores que habrían de invitar formalmente a la comandancia en La Realidad, todo parecía indicar que el Congreso marchaba y que las organizaciones convocantes y las innumerables comisiones se jugaban todo por la concreción del Congreso. La expectativa no podía ser mayor. Y los zapatistas ni siquiera se habían pronunciado con un no o un sí.

En la espera de la fecha de inicio del Congreso, la sociedad civil junto con la Conai se pronunciaron en torno a un diálogo nacional por la paz enfatizando desde entonces que el no cumplimiento de los acuerdos firmados en febrero de 1996 sería un golpe mortal al proceso de diálogo y de paz y que la credibilidad del gobierno quedaría en entredicho. En la reunión en el CUC (Centro Universitario Cultural) donde se leyó el comunicado de quinientas y tantas ONG y 8 mil y tantas personas se aprobó por unanimidad un pronunciamiento por un diálogo con las distintas corrientes de pensamiento y quehacer social y por supuesto, por que se respetara el libre tránsito a la delegación del EZLN que viajaría a la ciudad de México. Varios desplegados de la sociedad civil internacional completaron el círculo.

RAMONA

La delegación que habría de invitar a la comandancia zapatista se presentó en La Realidad escasos días antes del 8 de octubre. La Conai, la Cocopa y el EZLN dialogaron durante días en pláticas difíciles. La Cocopa salía y entraba, viajaba hasta Guadalupe Tepeyac o parte de ella se trasladaba en helicóptero a la ciudad de México. Se cuenta que el mismo presidente sobrevoló La Realidad uno de esos días. Los rumores aumentaban la tensión del momento porque las declaraciones gubernamentales parecían contener el no rotundo que surge del pavor, un pavor a la desventaja evidente de lo que se movía en la ciudad, en los foros regionales y en las salidas nada convencionales de la comandancia. Una noche antes de la respuesta gubernamental los soldados del ejército mexicano tomaron posiciones de combate y se desplegaron por el monte desde sus posiciones en Guadalupe Tepeyac. El ambiente no pudo ser más tenso.

Por fin se anunció que se daría una respuesta gubernamental y que el EZLN expresaría su decisión de ir o no ir.

Hay que enfatizar que en este episodio --uno de los más extraños en la historia del país-- al final de la negociación y después del amago gubernamental y las continuas amenazas nadie pudo invocar argumento legal alguno para impedir la salida de una delegación del EZLN: tales argumentos no tenían sustento. Un no basado en consideraciones políticas habría creado tumultos de serias repercusiones a mediano plazo. El gobierno tuvo que dejarlos salir. Así ocurrió. La respuesta final del gobierno fue: que salga una delegación de diez. A nadie se le vetó la salida.

Al momento de anunciar su decisión, como quizá todo el mundo ya lo sabe, el EZLN escogió para representarlo en el Congreso Nacional Indígena a la comandante Ramona, una mujer que había ganado la admiración popular desde los diálogos de la Catedral en San Cristóbal y de la que se había rumorado que estaba enferma, incluso muerta, pues nadie la había vuelto a ver y ningún comandante la mencionaba en sus intervenciones.

El golpe al gobierno fue muy claro: nadie nunca antes de ese momento habría podido moralmente negarle la salida a la comandante Ramona. Su salida no hacía necesaria ninguna movilización social pues el gobierno sabía que su salud estaba quebrantada. Entonces, el mensaje del EZLN parecía ser: negociamos con el gobierno pero no para obtener nada para nosotros. Pudimos obtener el pase automático a la vida política y capitalizar el momento de protagonismo, pero no se trata de eso. La negociación por las demandas va en serio y no se admiten canjes. El EZLN le demostraba al gobierno, con un gesto sutilísimo, que lo que importa son las formas y los compromisos adquiridos. No la ganancia o el fin personal. Aquello de no buscar el poder iba en serio.

El mensaje no era sólo para el gobierno. El gesto dejó muy claro que nadie está autorizado para lucrar con la imagen de los zapatistas porque su vida es su vida y de nadie más, como debe de ser.

A quien vio en la salida una provocación lo dejaron absolutamente sin armas ni argumentos. ¿O quién puede objetar que salga alguien como la comandante Ramona? ¿Es ella sola la que va a destruir el estado mexicano? Pero la fragilidad puede ser fuerza y la salida de Ramona es una de las provocaciones más inquietantes de la historia del país. Como bien dice Paulina Fernández, la salida de Ramona fue una victoria enorme porque se rompieron muchos cercos: uno geográfico porque rebasó los límites territoriales impuestos al EZLN; otro jurídico porque todos los argumentos legales en contra del libre tránsito de la delegación zapatista demostraron ser insostenibles; otro político porque el gobierno fue incapaz de remontar el apoyo popular nacional e internacional y claramente la correlación de fuerzas se inclinó hacia el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, el Frente Zapatista y la sociedad civil que con sus organizaciones apoyó tamaña desmesura. Fue una victoria militar, porque el ejército tuvo que ceder el paso a uno de los perseguidos del 9 de febrero de 1995. Por supuesto, se sentaba un precedente, incluso legal, para futuras salidas. Por encima de todo, Ramona fue directamente a recibir la atención médica que en un país verdaderamente democrático habría recibido muy cerca de su casa, de buen modo y gratis.

RUMBO AL D.F.

El viaje de la comandante Ramona al D.F. fue accidentado. Durante todo el trayecto intentaron colarse al convoy encabezado por la Cocopa --la Cruz Roja no cubrió el traslado-- automóviles sospechosos. Algunos periodistas, quizá sin entender la gravedad de la comandante Ramona, querían tomar la foto cuando su estado de salud la obligaba a descender de su automóvil para recomponerse un poco. En el aeropuerto de Tuxtla, el tumulto fue excesivo y los camarógrafos empujaban al círculo de acompañantes. El avión, fletado por la Comisión de Concordia y Pacificación, fue rodeado literalmente por las personas que intentaban cruzar los cordones de seguridad. Dos médicos, muy de manual, con bata, pantalón y zapatos blancos, estetoscopio al cuello, intentaron subir al avión. "Venimos de parte del gobierno del estado, vamos a atender a la comandante", dijeron. Nadie los dejó subir y después de alegatos con la prensa, los médicos y la seguridad del aeropuerto el avión despegó. Incluso algunos miembros de la Cocopa aplaudieron. Se había roto el último cerco.

Pese a descender en una pista alejada, el gentío ya gritaba desde afuera de las bardas y mostraba las mantas de bienvenida. Cientos de personas a pie, en motocicleta, autos y camionetas se arremolinaban en torno a los camiones que habían de transportar a la comandante al Centro Médico Nacional, sitio donde sesionaba el Congreso Nacional Indígena, que para el día de su clausura ya había estallado todo su alboroto y su presencia. El contingente llegaría a la última sesión, poco antes de terminar el evento, y al paso de los autobuses la gente gritaba desde las banquetas, mostraba sus banderines, levantaba las manos, lloraba de gusto. Un verdadero cuerpo de seguridad espontánea se creó entre la gente para impedir que la policía y los integrantes de Seguridad Nacional se aproximaran al contingente. Varios intentos de sus carros y sus motocicletas no lograron romper el cerco de los carros de quienes sinteron como personal la seguridad de Ramona.

Ya cerca del Centro Médico el tumulto era demasiado. Toda la cuadra que ocupa el Centro Médico sobre avenida Cuauhtémoc estaba abarrotada de personas. Literalmente miles esperaban el descenso de la comandante. La situación fue en extremo peligrosa. Al hacer un hueco para que el autobús donde viajaba la comandante entrara a las instalaciones, la valla de simpatizantes se vió empujada desde todas direcciones por provocadores que golpeaban, empujaban y tiraban a quienes hacían valla. Se formó un remolino de pies, brazos y gritos. Las piernas se trenzaban apalancándose unos, resistiendo, mientras otros empujaban en todas direcciones. Una muchacha resultó con una costilla rota y alguno de los acompañantes de Ramona terminó en el suelo entre la multitud. Los cinturones lograron restablecer un cierto orden sin haber caído en la provocación de un pleito generalizado que habría sido muy perjudicial para todo el encuentro. Por fortuna la comandante había pasado y ya la recibían las porras y los gritos de una multitud muy ordenada que había tomado en serio su compromiso de cuidar el buen fin del Congreso.

UNA BANDERA PASA DE MANOS

Adentro de la sala de congresos el público rebasaba por completo la capacidad de las instalaciones. Más de mil delegados nacionales de unos treinta pueblos indígenas, organismos no gubernamentales afines, militantes de organizaciones y partidos nacionales, y unos cuatrocientos periodistas de todo el mundo, ovacionaron a la comandante.

Abelardo Torres, representante de la Nación Purépecha, tomaría la palabra para leer la declaración final antes de ceder la palabra a Ramona para que cerrara el acto. Esta declaración se repetiría al día siguiente en labios de la representante nahua de Jalisco, María de Jesús Patricio. Fue una declaración sencilla pero inobjetable:

Que estamos levantados. Andamos en pie de lucha. Venimos decididos a todo, hasta la muerte. Pero no traemos tambores de guerra sino banderas de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos, reconocen su propia raíz.

Que no cederemos nuestra autonomía. Al defenderla defenderemos la de todos los barrios, todos los pueblos, todos los grupos y comunidades que quieren también, como nosotros, la libertad de decidir su propio destino, y con ello haremos el país que no ha podido alcanzar su grandeza. El país que un pequeño grupo voraz sigue hundiendo en la ignominia, la miseria y la violencia. (3)

Sus exigencias y propuestas sólo reiteraron, contundentes y firmes, lo que desde el Foro Nacional Indígena de San Cristóbal se había planteado, lo que los Acuerdos de San Andrés recogían, el horizonte más amplio que se trazaran durante nueve meses: reconocimiento a su existencia como pueblos; libre determinación expresada como autonomía dentro del marco del estado mexicano; reconocimiento constitucional de sus tierras y territorios como hábitat donde se reproduce su existencia material y espiritual como pueblos; reconocimiento de sus sistemas normativos y la construcción de un régimen jurídico pluralista que armonice las diversas concepciones y prácticas de regulación del orden social; reconocimiento de sus diferencias y su capacidad de gobernarse con visión propia; reconocimiento de todos sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, los acuerdos del Congreso Nacional Indígena y la inmediata instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación; la desmilitarización de las zonas indígenas, el cese al hostigamiento a organizaciones indígenas y sociales y a sus dirigentes, la liberación de los presos políticos, de los indígenas injustamente detenidos y de los presuntos zapatistas; la construcción de un nuevo pacto social basado en la pluralidad y la riqueza de las diferencias; avanzar hacia una nueva Constitución en un proyecto de país incluyente y plural, reformar la Constitución, las leyes y las instituciones; la creación de espacios políticos, transitar a la democracia y construir un diálogo nacional. Por último una demanda que sigue pesando sobre las comunidades indígenas del país: reconstruir el artículo 27 para que garantice el respeto a la tierra y territorio de los pueblos indígenas y el reconocimiento del nivel regional de la autonomía. Terminaron insistiendo en la unidad del movimiento indígena nacional, en la necesidad de resistir al tiempo de reconstruir y transformar la sociedad. "Hacemos un llamado fraternal a un Gran Diálogo con la Sociedad Civil para buscar juntos la transformación de México hacia una sociedad más justa, humana y democrática".

Para rematar el acto la comandante Ramona --desde la profundidad de los pueblos mayas de Chiapas que le dieron el mandato de viajar a la ciudad de México-- entregó a don Felix Serdán, viejo jaramillista de Morelos, la misma bandera que el EZLN mostrara durante los Diálogos de la Catedral de San Cristóbal. Era un acto simbólico con el que la comadancia zapatista pasaba la estafeta de su lucha al conjunto de los pueblos indígenas del país. Era una prueba más de su voluntad de escuchar y obedecer el mandato de la sociedad civil, en este caso indígena, en sus demandas y aspiraciones. Con ese acto, el EZLN se sumaba al Congreso Nacional Indígena y no al revés. Finalmente, después de hablar en tzotzil ante una multitud de cámaras y flahes y un retumbo de apalusos y vivas --en pleno Centro Médico que se caía de gente, delegados y agentes encubiertos pero evidentísimos, todos gritando E-Z-L-N hasta el cansancio-- dijo: "No están solos". Se invertían los términos. La frase, repetida durante dos años diez meses a los zapatistas, era ahora el abrazo que mandaban desde la Selva a lo que ocurría en el lugar exacto del ombligo de la luna, Tenochtitlan-México. Al día siguiente, al final de una marcha gozosa y divertida, el tzotzil se escuchaba por primera vez en la plaza constitucional, en voz de una mujer encapuchada y ataviada con su traje tradicional: los zapatistas pisaban en el corazón de la capital, tocaban con una voz de mujer a las puertas de la muerte.

EL CNI

El Congreso Nacional Indígena arroja muchas enseñanzas. Clímax de un proceso tejido desde las regiones, con paciencia y honestidad, es un hito en la historia de los encuentros indígenas porque rebasa con mucho cualquier otro encuentro nacional en el que hayan participado. Fue un momento de reafirmación --espectacular-- de los consensos logrados en San Andrés y de la pertinencia y necesidad de tejer puentes con la sociedad civil urbana, con sus organizaciones e intelectuales. Fue esa alianza la que permitió que el Congreso convocara tantas personas y una mostrara una presencia que derribó muchísimas tapias. Esencialmente emplazó al poder y lo encaró como nunca antes movimiento indígena nacional alguno a reformar la Constitución y a reconocerlos como pueblos con todos sus derechos. Esto no es poca cosa en un sistema neoliberal como el que vive el país. Se demostró con amplitud que los zapatistas son una expresión de algo que se mueve desde los rincones de México y que no parará, aunque se desmantele con represión o guerra sucia todo lo logrado.

Asistimos a la reconstrucción de un sujeto social que insistirá en demandas demasiado básicas sin las cuales la democracia en México es sólo una frase insulsa. El Congreso puso en el ojo de la opinión pública una traza incuestionable: son hoy el único sujeto colectivo que no sólo demanda y propone aspectos puntuales, sino toda una nueva relación social que demuestran en su práctica. Su actitud cuestiona al poder porque los pueblos indios reivindican la tradición para vivir con modernidad y postulan la diversidad que es lo opuesto a la acumulación de poder.

Con el Congreso Nacional Indígena algo tocó fondo en el espíritu del pueblo mexicano. Algo atávico se movió entre la gente de la ciudad: los indios eran suyos, habrían de serlo para que nadie dañara a tantos invitados, para que todos tuvieran qué comer y dónde quedarse. El Congreso Nacional Indígena fue un acto colectivo de cariño y reconocimiento. Esta sociedad mexicana no sólo recuperó su componente indígena, también comenzó a reconocerlo y a revivir el sentido de largo plazo que dichas demandas conllevan. La principal es que, si la gente importa, las personas pueden reivindicarse como tales, comienzan a existir y crean espacios reales para decir y hacer lo que haya que.

UNA COMPUERTA DE MUCHAS AGUAS

Entre octubre de 1996 y enero de 1997 se completó un ciclo en la maduración de una experiencia que inció públicamente el 1o. de enero de 1994. El Congreso Nacional Indígena y el EZLN coincidieron y se reforzaron mutuamente en la exigencia de elevar a rango constitucional los derechos indígenas que recogieran los Acuerdos de San Andrés. Trabajaron entonces una propuesta que fue ampliamente consensada en una reunión del CNI celebrada en Milpa Alta, Distrito Federal.

Con el diálogo suspendido, la Cocopa tuvo la sensibilidad de impulsar una vía rápida para destrabar el camino hacia la paz y se iniciaron las negociaciones para elevar a rango constitucional los elementos centrales de los Acuerdos de San Andrés.

Se presentó entonces a la Cocopa un proyecto de reformas constitucionales y el gobierno presentó la suya. En el curso de las negociaciones se pudo constatar que el gobierno pretendía desestimar la firma de los Acuerdos que daban sustento a estas reformas pese a los discursos del presidente Zedillo en favor de la paz y el respeto de la negociación.

La Cocopa intervino como tercera vía y se avocó a redactar una propuesta que resumiera las posiciones centrales de los Acuerdos de San Andrés para evitar que la confrontación de las partes empantanara el proceso recién abierto. Ambas partes aceptaron ese procedimiento. Una vez presentada la propuesta de la Cocopa, ambas partes aceptaron el documento, incluso es de suponer que todos los partidos lo revisaron y aprobaron, dado que la Cocopa no tiene representaciones como personas sino en términos partidarios --es una comisión plural de las cámaras legislativas.

Pese a todo, el gobierno se desdijo y pidió tiempo para reconsiderar, después hizo una propuesta que el EZLN rechazó por completo, sobre todo porque el documento gubernamental pretendía reabrir una negociación cerrada --porque incumplía la palabra empeñada--, y emplazó a la Cocopa a defender su propuesta original (hoy conocida también como la propuesta del 29 de noviembre). El proceso sufrió un descalabro.

EL TIEMPO NO TERMINA

Si miramos con atención, la propuesta de ley que hoy se debate en México como ninguna ley se había ventilado no es un fin en sí mismo; es una herramienta de discusión, es un instrumento para seguir creando los espacios que son la demanda central de este nuevo movimiento social. Por supuesto se asume centralmente la necesidad imperiosa de reformar la Constitución para que reconozca los derechos fundamentales de los pueblos indios e inaugure una nueva relación entre éstos y el estado mexicano. En principio la búsqueda de formulaciones legales fue para los miembros del Congreso Nacional Indígena un ejercicio que les permitió comparar las prácticas de justicia locales con las del país; iniciar la búsqueda de un esquema jurídico que propiciara modalidades regionales y locales; hacer precisiones en torno a la democracia electoral o directa; emprender el laborioso ejercicio de redactar leyes. A las sociedades indias, digamos a núcleos de la sociedad india, les dio pie a pensar el país. Fue un proceso que hizo que las comunidades indias asumieran más centralmente su idea de México. Su racionalidad no termina ahí.

A partir del espacio de encuentro abierto por el EZLN, el movimiento nacional indígena, los zapatistas y diversos sectores de la sociedad civil ("ese segmento de la sociedad que está organizada, mantiene una actitud crítica y es independiente de las posiciones de los partidos políticos, el mercado y el gobierno"){4} impulsan una profunda reforma del estado.

Las reformas constitucionales que se exigen son un cuestionamiento frontal al incumplimiento del gobierno. Ese cuestionamiento es un triunfo de un gran número de mexicanos que parecían no existir para el poder y una enseñanza para otros sectores sociales que buscan democracia, justicia y dignidad. Es también una lección para los profesionales de la política, que literalmente no saben qué hacer. En años recientes, las modificaciones constitucionales se han realizado en contra de los intereses de la sociedad. Las reformas a los artículos 3o., 27 y a otros artículos se hicieron para limitar o eliminar derechos sociales ya conquistados. En cambio, la propuesta de reformas constitucionales sobre derechos indígenas que redactó la Cocopa muestra un camino distinto, democrático, para legislar. En una carta dirigida a la Comisión de Concordia y Pacificación, quienes fungieran como asesores e invitados en los diálogos de San Andrés por parte del EZLN valoraron el 12 de febrero pasado --a un año de firmados los Acuerdos-- que:

Hoy, después de dos meses de debate público, el documento del 29 de noviembre ya no es sólo la iniciativa de una comisión del legislativo, sino la propuesta de un amplio sector de la sociedad civil rural y urbana que reconoce la pertinencia de las reformas contenidas en el texto de la Cocopa, que se torna entonces sumamente importante. Un hito en la historia del país: por vez primera se escucha a amplios sectores de la sociedad. Por primera vez un proyecto de ley, de tal importancia, se construye desde múltiples rincones. Por primera vez se consensa en múltiples espacios de expresión y participación independiente. Por primera vez el legislativo redacta una propuesta de ley como expresión de esas aspiraciones ciudadanas. Por primera vez existe un respaldo social, amplio, al cuerpo legislativo en su trabajo de elaborar leyes.

Además, esto formaba parte de un proyecto de más largo aliento. Buscaba destrabar la suspensión del Diálogo y crear una vía rápida para la firma de la paz. Basta recordar el optimismo de las declaraciones públicas de los integrantes de la Comisión en diciembre del año pasado, para ver qué tan cerca se encontraban las partes de dar un paso sustantivo en la resolución del conflicto. El veto presidencial a la reforma indígena descarriló la firma de la paz en el corto plazo y la posibilidad de reanudar el Diálogo. Rompió el activo principal de toda negociación: la confianza. Lo que hoy está en crisis no es sólo el futuro de las reformas constitucionales sino todo el proceso de Diálogo y la credibilidad en la palabra empeñada por el gobierno federal. (5)

En un país entrampado en las condiciones que todos sufrimos, con un gobierno débil, contradictorio y dividido que parece al borde del colapso final todos los días, este reiterado incumplimiento puede resultarle fatal al gobierno. Dice la carta de los que fueran asesores e invitados del EZLN a la Cocopa:

A lo largo de tres años de conflicto, el EZLN ha cumplido cada una de las palabras empeñadas. Se comprometió a escuchar y respetar la palabra de la sociedad y abrió múltiples espacios de participación. El Diálogo de San Andrés es uno de ellos. Trabajó junto con diversas personas de la sociedad civil y una comisión del Congreso Nacional Indígena lineamientos para una propuesta de reformas constiucionales, ampliamente consensados. Si aceptó el documento de Reformas Constitucionales elaborado por Cocopa, pese a no ser la reforma ideal, fue por su voluntad de diálogo y negociación y sólo lo aceptó después de consensar la decisión con los representantes del CNI, y de constatar que recogía los aspectos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés.

El gobierno del presidente Zedillo, por el contrario, nos ha dado muestras del incumplimiento de sus ofrecimientos en temas como el de la reforma electoral en la que ignoró lo pactado por los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación. Lo mismo ocurre con los Acuerdos de San Andrés, que a un año de firmados no se han cumplido. Ahora contraviene lo pactado con la Cocopa, al proponer no observaciones a su propuesta de reformas, sino un documento nuevo que queda muy por debajo de los términos y previsiones firmados el 16 de febrero de 1996.

En este contexto, no nos parece intransigencia del EZLN reafirmar la vigencia del documento elaborado por Cocopa (fechado el 29 de noviembre de 1996) y negarse a la intención de negociar, de nuevo, lo ya firmado. Consideramos que, de ceder a esta intención, cualquier garantía que el gobierno ofrezca queda en entredicho. Qué garantías existen de que mañana se invoquen otras observaciones que no se habían tomado en cuenta, de que en las leyes secundarias no se coloquen todos los candados posibles para escamotear lo ya pactado, de que de buenas a primeras se rompa con los términos de la Ley de Concordia y Pacificación y se reactiven las órdenes de aprehensión contra la dirigencia zapatista, de que no corra peligro su vida cuando se reinserten de manera abierta en la actividad política.

Por desgracia para el gobierno, la fuerza real del proceso que encarnan los pueblos indios del país y otras fuerzas democráticas que los acompañan no yace en la ley, aunque exijan un cumplimiento cabal de ésta y de los compromisos contraídos. Es la cohesión madurada en los últimos años, el gran tejido invisible que se sigue gestando en las regiones entre organizaciones, organismos no gubernamentales, investigadores y observadores lo que ya no es posible frenar. Necesita cauces y todos los cauces reales que se abran aligerarán la presión que vive el país. La gran cerrazón gubernamental es no percatarse de que la única posibilidad de paz y prosperidad sostenidas, en cualquier rincón del mundo y no sólo en México, es la apertura de canales democráticos, representativos y directos. Por eso la gran demanda fueron reformas que no coercionaran ni oprimieran sino que garantizaran espacios de decisión, espacios de representación, espacios de inclusión en la vida pública del país.

Esto conlleva también una revisión de los mecanismos de intermediación y representación existentes, el Congreso primero que nada, pero también los espacios cupulares de intermediación usuales. Quizá en otros momentos la negociación con el estado habría pasado por los canales establecidos de gestión, intermediación y representación. Pero el propio Congreso está siendo cuestionado por los pueblos indios y por una herramienta tan aparentemente inofensiva como los Acuerdos de San Andrés que el gobierno firmó, aunque ahora le pese. Nunca antes había sido tan evidente la falta de independencia real del legislativo, con sus honrosas excepciones.

LA GUERRA Y LA PAZ

Dice un proverbio sufi que nunca hay que encender un fuego que no tengamos la seguridad de poder apagar. ¿Cuánto tiempo se puede jugar con fuego? Los pueblos indios han abonado con una pesada cuota de sangre sus reivindicaciones. Si las reformas constitucionales no se concretan se reforzará la impunidad imperante en muchas regiones. Los caciques y sus pistoleros se sentirán en libertad para volcar más violencia sobre las comunidades. Las organizaciones indígenas que han transitado por la vía pacífica verán cerrados los caminos legales por los que siguen luchando. La presencia militar en las regiones indígenas, soltar los fantasmas del rumor, la intimidación y el conflicto de baja intensidad no podrán solucionar los problemas originados por la negativa gubernamental a transitar a la democracia y al cambio de su política económica.

Habrá que recordarles que hay quienes confiando en el rumbo de las estrellas, en el vuelo de un cuervo o en los signos vitales de la milpa y el bosque platican y tejen. Sueñan y tejen.

 

 

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NOTAS

*Este texto fue posible gracias a la colaboración, financiamiento y asesoría del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Agradezco en particular a Ana de Ita.

(1). "La posibilidad de la paz", La Jornada, 25 de agosto de 1996.

(2). Comisión de apoyo al Congreso Nacional Indígena, "La paz es el espíritu de los Acuerdos", boletín de prensa a los medios, septiembre de 1996.

(3). Declaración final del Congreso Nacional Indígena, Nunca más un México sin nosotros, México, Distrito Federal, 11 y 12 de octubre de 1996.

(4). Carta de los asesores e invitados por el EZLN a la Mesa Uno: Derechos y Cultura Indígenas del Diálogo de San Andrés, a la Comisión de Concordia y Pacificación, México, D.F., 12 de febrero de 1997.

(5). Ibid.